El pasado sábado 11 de marzo, en el histórico Auditorio “Ignacio Ellacuría” de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), se realizó el “Encuentro Nacional frente a las nuevas amenazas de la minería metálica en El Salvador”. En el evento participaron unos 350 lideres y liderezas comunitarias de Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, la Paz, La Libertad, San Salvador y otros departamentos, quienes exigieron al actual gobierno descartar cualquier intento de reactivar proyectos mineros y respetar la ley que los prohíbe.

En el evento participó el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. El jerarca católico señaló los daños ambientales y sociales de la explotación minera, calificó como preocupantes los indicios de la posible reactivación de estos nocivos proyectos y abogó por mantener vigente la Ley Prohibitiva la de Minería Metálica, la que calificó como un logro nacional que no debe ser revertido por ningún gobierno.

En igual sentido, el rector de la UCA, Andreu Oliva, llamó a la población a estar atenta ante cualquier moción de reformar la ley anti minera o de implementar otras leyes que la contraríen, refiriéndose a la nueva Ley de Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas que incluye la minería de metales, a pesar de estar prohibida en forma definitiva. Esta ley establece la facultad de la Dirección para “Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales”.

Además de esta normativa aprobada a finales de 2021, en el evento se señalaron otros hechos indicativos de la posible reactivación minera. Uno es la entrada del país al “Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible”, al cual El Salvador se incorporó en silencio en mayo de 2021; y otro es la inclusión de una partida de 4.5 millones de dólares en el presupuesto estatal del 2023 para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería”

A estos hechos se suma la presencia de desconocidos en comunidades de Cabañas intentado comprar o alquilar terrenos con potencial minero y -desde luego- la captura de los defensores ambientales de Santa Marta y ADES. En el encuentro se señaló que el proceso penal contra los luchadores sociales no busca investigar y hacer justicia por supuestos delitos de la guerra, sino debilitar la resistencia comunitaria en Cabañas, el epicentro de la franja minera que atraviesa la zona norte del país y cuya explotación intensiva acabaría con el Río Lempa.

Respecto al Río Lempa, también se alertó sobre la grave amenaza que es para el país la minería en la zona fronteriza de Guatemala, principalmente la mina Cerro Blanco ubicada en Asunción Mita, Jutiapa. Los millones de toneladas de desechos contaminantes de esta mina llegarían al Lago de Guija por medio del Río Ostúa y después al Lempa a través del Río Guajoyo, como denuncia la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAEFREMIN).

Por el bien del país, el relanzamiento de la lucha anti minera provocada por la detención injusta de los defensores ambientales debe reconstruir rápidamente el “consenso nacional” que permitió la prohibición de la minería, para que el gobierno escuche los argumentos sobre las razones de la inviabilidad de esta nociva industria en el país, especialmente la estrechez territorial, la alta densidad poblaciones y el deterioro de los bienes hídricos que ahora es aún más grave que cuando se aprobó la ley contra la minería en marzo de 2017.

El encuentro enfatizó en que hay alternativas a la minería metálica. Se planteó que si la intención gubernamental es generar empleo y desarrollo económico, el camino son la agroecología, ecoturismo y la producción sostenible; y si el objetivo es obtener ingresos fiscales, la opción debería ser una reforma tributaria progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, para la cual el oficialismo tiene sobrada correlación parlamentaria.