La propuesta de reformas fue enviada a la Asamblea Legislativa por el presidente de la República, a través del Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Juan Carlos Bidegaín.
Si bien es cierto, que en dos años de gobierno del Presidente de la República, Nayib Bukele, no se ha revertido ni se ha promovido modificaciones a la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, también es cierto que no se han concretizado acciones para su cumplimiento.
Con dicha moción, pretenden: declarar la reserva de la declaración patrimonial de probidad de inicio y cese de funciones de los funcionarios y empleado públicos; clasificar como información reservada toda la información oficiosa.
También se propone eliminar del requisito de elegir ternas (3) de candidatos a comisionados por cada sector. Ahora serán necesarios al menos 2 candidatos; además, buscan extender los plazos para respuesta a las solicitudes de información de 10 a 20 días hábiles, así como otorgar más atribuciones al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pese a que es un ente colegiado y las decisiones se toman como pleno.
La Red por el Derecho a la Comunicación cataloga como “nefastas” dichas reformas a la LAIP, ya que, abrirían las puertas a una mayor opacidad y corrupción en el uso de fondos públicos.
Para el Grupo Promotor de la LAIP, aprobar las modificaciones significaría un retroceso grave al derecho a la información pública, a la lucha contra la corrupción y contribuirían al deterioro de la democracia.
Mediante un comunicado, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) también expresó su preocupación ante la posibilidad de modificar la ley. Señalaron que el actual presidente del IAIP, Ricardo Gómez, actúa acorde a las órdenes del actual gobierno en turno. Desde noviembre de 2020, Gómez suspendió el diálogo con sociedad civil y en lo que va del año 2021 no ha brindado declaraciones a los medios de comunicación.
Dichas organizaciones exigen a la Asamblea Legislativa desistir de aprobar el pliego de reformas, ya que señalan que la Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta importante para consolidar la democracia y luchar contra la corrupción.
