La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), y la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), exigieron a la Fiscalía General de la República que inicie acciones penales contra los depredadores ambientales.

Luis González de la UNES señaló que evidencian «negligencia» de parte de esa institución respecto a los casos en los que hay delitos contra los bienes naturales. 

Uno de los proyectos que están afectando los bienes naturales y la vida de la población se encuentra al oriente de Sensuntepeque, Cabañas, donde se construye un cementerio a 100 metros de una fuente de agua, denunció Antonio Pacheco, director de ADES Santa Marta. Para el representante de ADES, el impacto en el acceso al agua para las comunidades será a largo plazo.

Estas situaciones corresponden también a intereses detrás de quienes administran el Estado. Por ello es necesario continuar las acciones de incidencia en la Asamblea Legislativa, para que se aprueben normativas como la ley general de agua, cuya discusión ha sido detenida recientemente en el parlamento, así lo asegura Carolina Amaya.

Las organizaciones también demandan a la Corte Suprema de Justicia a avanzar en la socialización del funcionamiento de los tribunales ambientales con el resto de la población. Además, piden a la Fiscalía General de la República inicie acciones penales contra destructores ambientales, y dar a estos casos la importancia que merecen.

Estas demandas, aseguran, son apuestas que el Estado debe tomar frente a la crisis socio ambiental del país, como una alternativa al modelo neoliberal y sistema capitalista que fomenta la destrucción de los bienes naturales en favor de unos pocos.

Fuente: ADES y ARPAS