Por ADES
Con la llegada de Marzo se evocan varios episodios que son muestra clara de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército durante la guerra civil de los 80s. Una oligarquía que es capaz de matar a su propio pueblo con tal de no permitir que este alcanzara una mejor vida.
El 12 de marzo de 1977 entre los municipios del Paisnal y Aguilares, fue asesinado, por el ejército, el padre Rutilio Grande junto a dos de sus colaboradores: Manuel Solórzano de 72 años, y Nelson Rutilio Lemus, de 16. El padre Rutilio fue uno de los primeros líderes religiosos en exclamar que las desigualdades entre pobres y ricos no son obra de Dios, si no, abuso de los grupos de poder.
El 18 de marzo de 1981 un centenar de campesinas y campesinos fueron asesinados en la Masacre de Piedras Coloradas, a la orilla del rio Lempa. Ellos y ellas eran habitantes de las comunidades Santa Marta, Peña Blanca, El Peñón, San Jerònimo, La Pinte y San Felipe, quienes huyendo del Operativo militar Tierra Arrasada tuvieron que cruzar el rio para salvaguardar sus vidas.
El delito de estas comunidades fue comprender que existían Hacendados y todo un sistema militarizado con el único objetivo de seguir manteniendo al pueblo en la miseria. Y eso lo entendieron a la luz de la biblia y con la guía de líderes religiosos como el padre Rutilio.
Este 18 de marzo Santa Marta, y comunidades aledañas, conmemoran 37 años de la masacre de Piedras Coloradas, que hubiera sido una de las más grandes si no hubiese tenido altos niveles organizativos.
Aun así, el saldo es doloroso y ese episodio dejó a niñas y niños huérfanos, a madres y padres sin sus hijas e hijos, a muchas mujeres viudas, y a toda una comunidad refugiada por más de seis años en Honduras.
Todos esos asesinatos fueron una medida de los ricos intentando no mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Ellos mantenían la idea de que si mataban a quienes reclamaban sus derechos apagaban la voz de un pueblo que estaba cansado de vivir de las migajas.
La ley de amnistía ya no existe pero muchos de los asesinos intelectuales de las masacres y muertes selectivas están ocupando puestos públicos, inmune a la justicia.
Lo único que les ha quedado a las comunidades, sobre todo a Santa Marta, es aferrarse a la memoria histórica, al recuerdo de sus héroes y heroínas que con su sangre abonaron la semilla de la liberación.
Santa Marta tiene derecho a la verdad, a que sus asesinos sean juzgados. Santa Marta tiene derecho a la justicia.
ADES Santa Marta, caminando con la gente hacia un futuro mejor.
