Por Luis Armando González
En la literatura política está bien explicada la importancia de las elecciones legislativas en un régimen democrático. No se trata aquí, sin embargo, de una discusión teórica, sino de una reflexión que toma en cuenta el contexto actual del país, en el cual no se debe desestimar el peso de la Asamblea Legislativa en la dinámica del Estado. Este peso tiene que ver, por un lado, con el propio quehacer legislativo y sus repecursiones sobre la sociedad. Por otro lado, tiene que ver con las elecciones de segundo grado, entre las cuales destaca la de los magistrados de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente, la Asamblea Legislativa entrante en 2018 deberá elegir a cuatro de los cinco magistrados de esa Sala, cuya incidencia en distintas dinámicas del país, no sólo constitucionales, nadie puede poner en duda.
Hay dos realidades que no se pueden obviar, a partir de la toma de posesión del Presidente Salvador Sánchez Cerén, el 1 de junio de 2014. La primera es la estrategia de ARENA de sabotear, usando su cuota de diputados, las finanzas del Ejecutivo. Prácticamente, desde la toma de posesión del Presidente Sánchez Cerén, ARENA ha usado su poder en la Asamblea Legislativa para bloquear recursos claves para sostener los programas sociales y los programas de seguridad del gobierno.
Nada indica que las cosas vayan a cambiar en lo que queda de 2017 y los primeros dos meses de 2018. La segunda es el papel jugado por la Sala de lo Constitucional en apoyo a esa estrategia de bloqueo financiero de la derecha política, además de otras arremetidas en contra del Ejecutivo, valiéndose de su facultad desmedida no sólo para declarar institucionales leyes, decretos y reglamentos, sino para dictar los procedimientos técnicos para “corregir” las inconsticionalidades detectadas.
En virtud de la estrategia descrita, seguida desde la Asamblea Legislativa y desde la Sala de lo Constitucional, el Ejecutivo ha estado amarrado extraordinariamente en su voluntad de ejecución de las políticas públicas y los programas sociales emanados del Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019). Con el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) esa estrategia se insinuó, pero es al Presidente Sánchez Carén al que se le ha aplicado (y se le va a seguir aplicando) con contudencia. Se ha tratado de un cerco, principalmente financiero, que ha buscado ahogar al gobierno, con el propósito de impedirle cumplir con sus compromisos sociales.
La lección es clara: a partir de las experiencias tenidas a partir de 2014, es claro que cualquier gobierno podrá ser bloqueado (o saboteado) desde la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional. Lamentablemente, quizás en esto no haya marcha atrás, como una posibilidad real. El desempeño de ARENA y la Sala de lo Constitucional ante el gobierno de Sánchez Cerén ha tirado por la borda cualquier atisbo de lealdad política y de compromiso institucional con el bienestar de los salvadoreños. Han usado su cuota de poder estatal para entorpecer el trabajo de otro Órgano de Estado, con el cual debían articular esfuerzos en pro del bien común.
Con ello, crearon un precedente de graves consecuencias para el futuro de la democracia en el país, pues la tentación de debilitar a cualquier gobierno, desde la Asamblea Legislativa y desde la Sala de lo Constitucional, se ha instalado como una posibilidad real. En el caso de la Sala de lo Constitucional, es previsible que sus futuros miembros (por ejemplo, los que serán electos en 2018) se nieguen a tener menos poder que el tenido por los cuatro magistrados salientes. Otra cosa es la forma cómo usarán ese poder, de lo cual también los magistrados salientes dejarán un peligroso precedente: el uso discresional del poder jurídico del que están investidos.
En el ambiente nacional, hay una corriente de opinión que está haciendo de las elecciones presidenciales de 2019 el asunto principal del debate público. Aceptando la importancia de esas elecciones (y también de las elecciones para alcaldes y consejos municipales), no hay que perder de vista lo que arroja la experiencia del Ejecutivo en estos momentos: un gobierno con una correlación legislativa adversa y con una Sala de lo Constitucional que también lo sea, tendrá severas limitaciones para gestionar y ejecutar sus planes, políticas y programas. Hay evidencia firme de cómo pueden ser esos amarres y lo difícil que es salir de ellos.
De ahí, la importancia de las elecciones legislativas de 2018. Una Asamblea Legislativa semejante a la actual, con un bloque de derecha predominante, y con el peso que hoy por hoy tiene ARENA en el mismo, anuncia, por un lado, un cierre de gestión de gobierno (en 2018-2019) sometido a fuertes presiones provenientes del legislativo, aunadas a la posible conformación de una Sala de lo Constitucional a la medida de la derecha, lo cual es mucho más probable si aumenta el peso de ARENA –con más diputados de los que ahora tiene— en ese bloque.
En este último escenario, un bloque de derecha dominado por ARENA puede asegurarse que los cuatro magistrados salientes sigan incidiendo, tras bambalinas (o abiertamente) en la nueva Sala de lo Constitucional. Por otro lado, en vistas a las presidenciales de 2019, de resultar de ellas un nuevo de gobierno de izquierda, éste se vería entorpecido de nueva cuenta tanto desde la Asamblea Legislativa como desde la Sala de lo Constitucional.
Si ARENA, o alguien afín a la derecha empresarial y política, conquistara la presidencia de la República en 2019 tendría un respaldo decidido desde el bloque de derecha legislativo y desde la Sala de lo Constitucional para revertir los logros sociales obtenidos desde 2009, y retomar la senda del bienestar de los sectores empresariales vinculados a las finanzas, el comercio, las maquilas y el turismo.
Del lado del proyecto de izquierda, es urgente lograr, en la Asamblea Legislativa que surgirá de 2018, una correlación de fuerzas distinta a la vigente: el FMLN debe aumentar su cuota de diputados de manera significativa. Y ello no sólo para asegurar un buen cierre de gestión del gobierno del Presidente Sánchez Cerén o para tener la posibilidad de incidir en la elección de unos magistrados comprometidos con el bien común, sino para ser un respaldo firme de un nuevo gobierno de izquierda, en caso de darse esta eventualidad, o para tener la capacidad de usar su poder legislativo para detener abusos en contra de la sociedad por parte de un posible gobierno de derecha.
Por donde quiera que se vea, las elecciones legislativas de 2018 no deben ser subestimadas. Para los sectores progresistas del país –esos sectores críticos comprometidos con el bienestar social— la importancia de estas elecciones no debería ser opacada por otros debates y otras dinámicas. Cabe sospechar que la derecha mediática, empresarial y política está restando relevancia a estas elecciones, a la espera de que de 2018 resulte una correlación legislativa semejante a la actual.
Para cualquier proyecto de transformación social, por mínimos que sean sus objetivos, una Asamblea Legislativa como la actual (o con un mayor peso de ARENA) siempre será un obstáculo; y aliada con un posible gobierno de derecha –y con una Sala de lo Constitucional que les sea afín— el país perderá toda esperanza de seguir en la ruta de un cambio social orientado a favorecer a sus sectores pobres y excluidos.
No es poco, pues, lo que está en juego en 2018. Quienes no quieran verlo, o lo nieguen, no tendrán derecho a mostrarse sorprendidos si desde la nueva Asamblea Legislativa se siguen torpedeando los programas sociales y las políticas públicas que tienen como finalidad el desarrollo social y territorial, o si a partir de 2019 esa nueva Asamblea se convierte en un soporte, junto a un posible gobierno de derecha, de la reversión de las conquistas sociales iniciadas en 2009-2014 y consolidadas en 2014-2019.
