La fracción legislativa de ARENA, ha insistido públicamente que no habrá privatización del agua, porque lo prohíbe la Constitución de la República, agregando de que no son capaces de irrespetar la resolución de la Sala de lo Constitucional, la cual hace referencia a que el agua es un bien público. Pero del dicho al hecho hay una brecha importante, basta con revisar los sectores que tienen participación mayoritaria en el ente rector del agua.
Si bien la derecha legislativa sostiene que la propuesta de ley de la ANEP no es privatizadora, esto se contradice en el apartado sobre la Autoridad Nacional del Agua, donde el Gobierno tiene una mínima representación comparado con la empresa privada. Aún así, niegan que lo que pretenden es entregar la gestión del bien natural a manos privadas, para convertir el agua en una mercancía.
Y no sólo eso, sino que mientras reiteran que el agua no será privatizada continúan tomando como base de estudio en la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático, el Anteproyecto de Ley Integral del Agua elaborada por la empresa privada– ANEP y presentada el año pasado por ARENA, PCN y PDC.
Además se niegan a retomar las iniciativas de Ley que presentaron las organizaciones ambientalistas, la iglesia católica y los sectores académicos, así como a realizar una consulta amplia del tema. Por otra parte, no ratificaron los 92 artículos ya aprobados en la legislatura anterior e insisten en que la lucha social por la defensa del derecho humano al agua, no tiene razón de ser, atreviéndose incluso a descalificar a la iglesia católica, al pedirles que no privaticen el vital líquido y a dejar entrever que la Ley podría ser "engavetada" en la Asamblea Legislativa.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas– ONU, a través de la Resolución 64/292, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, esto fue el 28 de julio de 2010. Sin embargo, en El Salvador la Asamblea Legislativa continúa sin ratificar la reforma al Artículo 69 de la Constitución de la República, para que se reconozca el agua como un derecho humano.
Ante lo expuesto anteriormente, manifestamos y reiteramos:
I.- Que la derecha legislativa: ARENA, PCN, PDC y GANA, demuestre con hechos su compromiso de no privatizar el agua, tal como lo han expresado públicamente, retirando del debate en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, el Anteproyecto de Ley Integral del Agua presentado por la ANEP.
II.- Que rectifiquen y ratifiquen los 92 artículos aprobados en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático periodo 2012-2015, realizando para ello si es necesario, amplias jornadas de consulta con todos los sectores de la población, para que se garantice:
- Declarar el agua como un bien público y que su gestión también sea pública.
- Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
- Incorporar la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas.
- Que garantice la participación ciudadana con voz y voto.
III.- Que el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vete cualquier Ley que permita a la empresa privada tener participación mayoritaria en la Autoridad Nacional del Agua, es decir, en el ente rector, pues su objetivo principal es hacer negocio con el vital líquido.
