Por Emma Benítez
A dos años de la entrada en vigencia la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), y la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMÍN), exigieron el cierre técnico de las empresas que se dedican a la explotación minera en el país.
El presidente de CRIPDES, Bernardo Belloso, brindó la posición que tienen como organizaciones defensoras del medio ambiente, de la aplicación de la Ley de prohibición de la Minería Metálica de país, manifestó que no han visto un accionar profundo por parte de las instituciones gubernamentales en relación al cumplimiento de la ley.
“Hay una preocupación porque no hemos visto acciones para ir cumpliendo el reglamento establecido para la aplicación de la Ley, aquí en el país se han localizado 15 bocaminas, proyectos mineros, en los cuales no ha habido ningún proceso de tratamiento en cerrar estas bocaminas”, agregó Belloso.
Asimismo, denunció que existe la amenaza de los partidos políticos de derecha que buscan derogar o reformar la Ley de Prohibición a la Explotación Minera Metálica. “Es una acción de la cual, nosotros como organizaciones estamos en contra dado que hemos luchado por más de 14 años para poder garantizar que la Asamblea Legislativa apruebe esta Ley”, agregó.
“Hoy que estén planteando partidos de derecha, diputados que responden al poder económico en la Asamblea Legislativa, en querer derogar esta Ley, le diríamos que lo piensen antes de querer tomar estas acciones”, aseveró el presidente de CRIPDES.
Detalló que a pesar que en El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica, existe el problema que no está elevada a rango constitucional, de igual forma, se sigue realizando la minería transfronteriza en Guatemala y Honduras, países con los cuales se comparte las aguas de las cuencas hidrográficas del río lempa.
En ese sentido, se suma la problemática con el agua con el proyecto de la mina Cerro Blanco que pone en riesgo la salud de ambas naciones centroamericanas y la amenaza de la contaminación del río Ostúa y el Lago Guija, a causa de la explotación minera de la empresa Bluestone Resources Inc, en Asunción Mita, Guatemala.
Ante esto, las organizaciones defensoras del Medio Ambiente exigen al Estado que establezca mecanismos de gobernabilidad dentro de un marco de colaboración entre los países de El Salvador y Guatemala, para ello consideran necesaria la apertura de un tratado Binacional sobre aguas transfronterizas para prohibir la operación de la mina Cerro Blanco en dicha nación vecina y garantizar la sustentabilidad del Río Lempa.
