La comunidad Santa Marta, habiendo vivido en el pasado persecución política, destierro y crímenes de guerra cometidos por el ejército salvadoreño, producto del odio y la falda de garantías a los Derechos Humanos, condenamos enérgicamente el uso de las Fuerzas Armadas para fines políticos y llamamos a la cordura y al dialogo.

Los acontecimientos que culminaron este 9 de febrero con la irrupción, usurpación y militarización de las instalaciones del recinto Legislativo por instrucciones del Presidente de la República, Nayib Bukele; sienta un precedente imposible de ignorar a 28 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que a todas luces atenta con la estabilidad política del país.

Hacer uso de la Fuerza Armada, Francotiradores y Policía Nacional Civil para asaltar las instalaciones del Salón Azul por orden del Presidente emite un nefasto mensaje al país y a la Comunidad Internacional, que nadie debería aplaudir, pues su exigencia a los parlamentarios a votar por un cuestionado préstamo de 109 millones para el Plan Control Territorial, no justifica su violación al texto constitucional, principios democráticos y la independencia de poderes.

Teniendo presente que el país discute el contenido de una nueva Ley de Reconciliación Nacional, la presencia de militares altamente armados en funciones que no son de su competencia, pone al país y a organismos internacionales en una situación de alerta, dejando en evidencia un querer gobernar por la fuerza, al viejo estilo de las dictaduras militares que tanto daño hicieron a El Salvador y América latina.

El despliegue de fuerza militar sólo se puede interpretar de una forma: como recurso y método de intimidación a sus opositores, que bien resume el Presidente Bukele en su idea pronunciada mientras usurpaba la silla del presidente de la Asamblea Legislativa: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”.

El Ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy debe aclarar ¿Quién les amenaza y que órdenes estaría dispuesto a cumplir?, pues según sus palabras la noche del jueves 8 de febrero: “estamos esperando órdenes de nuestro Comandante General, Nayib Bukele y estamos dispuestos a defender nuestra patria aún a costa de nuestra vida”.

Es imperativo prestar toda la atención necesaria a la doctrina de obediencia de los militares, pues bajo esos mismos argumentos se cometieron en el pasado las peores atrocidades: represión, persecución, tortura, asesinatos políticos, masacres como la del Mozote, Sumpul, Lempa o Santa Cruz, por lo que el ejército no debe estar a criterio de los políticos, sino del texto constitucional y lo firmado en los Acuerdos de Paz.

1. La comunidad Santa Marta, habiendo vivido en el pasado persecución política, destierro y crímenes de guerra cometidos por el ejército salvadoreño, producto del odio y la falda de garantías a los Derechos Humanos, condenamos enérgicamente el uso de las Fuerzas Armadas para fines políticos y llamamos a la cordura y al dialogo.
2. Llamamos al Presidente de la República respetar a El Salvador como un Estado Laico, pues en nombre de Dios se han cometido las peores atrocidades como para seguir invocándolo para justificarse, engañar y someter a la población, como es el caso de los golpistas en Bolivia.
3. El Presidente Bukele debe ofrecer una disculpa pública y garantías de no repetición, pues su acción no contribuye a la paz, a la democracia y a la seguridad del país, por la que tanto ha luchado el pueblo salvadoreño al poner fin a la dictadura militar.
4. Al pueblo hacemos el llamado a no dejarse sorprender por este tipo de medidas y acciones populistas y antidemocráticas, que arrastrarían al país al caos social.

PUEBLO EN LUCHA ¡SIEMPRE!

Comunidad Santa Marta, 13 de febrero de 2020.

Texto tomado de http://www.abriendobrecha.org/