Representantes de movimientos sociales, ambientalistas , Radios Comunitarias, defensoras y defensores de derechos humanos, pueblos indígenas entre otras expresiones organizadas se han dado cita en la ciudad de Ataco, El Salvador desde hoy y haste el 26 de abril en el marco del IV Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMIN- para retomar el dialogo, intercambio y análisis de los impactos de las industrias extractivas en la región CA4.
Con la implementación de los acuerdos de paz en la década de los 90s, se instaló en la región un modelo económico de corte neoliberal caracterizado diferentes olas privatizadoras: la primera se caracterizó por la privatización de industrias y servicios estatales; la segunda por la apertura a la inversión extranjera a la industria maquilera, comunicaciones, la banca y otras; y la más reciente por la concesión de largas extensiones de territorio para monocultivos y la extracción de materias primas.
Este modelo de desarrollo económico, que en su última etapa ha sido supeditado a la extracción de recursos naturales, se ha facilitado con la implementación de acuerdos comerciales que obligan a los estados a establecer marcos legales para fortalecer la protección de la inversión extranjera y garantizar la extracción de materias primas a bajo costo, al mismo tiempo que debilitan los mecanismos regulatorios para la protección de derechos básicos de las poblaciones impactadas.
Un diagnóstico sobre la industria minera, publicado en octubre 2018 por ACAFREMIN, señala cómo los regímenes de asignación de concesiones extractivas operan en la región con graves deficiencias administrativas que fomentan la falta de transparencia, promueven la impunidad, benefician a empresas locales subsidiarias de multinacionales extranjeras y en última instancia resultan en graves violaciones de Derechos Humanos de individuos y comunidades afectadas. Estas deficiencias se encuentran alojadas dentro del andamiaje jurídico y regulador de las industrias extractivas.
Ante esta coyuntura emergente de conflictos socioambientales, la Alianza Centro Americana Frente a la minería se fundó en abril de 2017 en la ciudad de Managua, Nicaragua para demandar:
• La construcción de modelos alternativos de desarrollo, ejerciendo el derecho a elegir libremente modelos sustentables que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED) a efecto de reducir los impactos socio ecológicos que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y próximas generaciones.
• Que los Estados y gobiernos centroamericanos terminen con todas las formas de criminalización de la acción ciudadana, incluidas las protestas y que respeten el derecho a defender derechos por la preservación de los territorios, el agua, el bosque y la vida.
• Que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, China, Rusia y los países sedes de las empresas mineras y compañías importadoras de materias primas actúen impulsando los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, sancionando en sus países de origen las violaciones cometidas en los países donde intervienen.
• Mientras exista minería activa, que los gobiernos y legisladores de cada Estado centroamericano, establezcan marcos legales más eficientes que exijan la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del sector minero, así como el pago justo de los impuestos y fianzas ambientales por parte de las empresas, respetando los procesos de consultas públicas transparentes e incluyentes.
El IV encuentro regional de ACAFREMIN tiene como objetivos:
1. Profundizar el intercambio y análisis de los impactos de las industrias extractivas en la región CA4;
2. Profundizar el conocimiento en el tema de cierre técnico de minas, el cual ha sido identificado en la región como una prioridad para organizaciones ambientales y comunidades que actualmente advierten el abandono de minas en estado de contaminación por parte de empresas mineras inescrupulosas;
3. Profundizar el dialogo y análisis sobre la criminalización de defensores ambientales en la región y establecer una agenda de acción sobre el tema para el próximo año; y,
4. Fortalecer la comunicación y colaboración estratégica entre comunidades afectadas.
