La Asamblea Legislativa de mayoría de Nuevas Ideas, aprobó con 65 votos la Ley General de Recursos Hídricos, iniciativa presentada en junio por el gobierno de Nayib Bukele. Según el oficialismo, esta fue una aprobación “histórica”.
Por Red Informativa de ARPAS
“La bancada cyan se ha encargado de entregarle a los salvadoreños una verdadera Ley General de Recursos Hídricos, que pasó entrampada más de una década por los intereses de sectores, de esos mismos grupos oscuros que obstaculizaban la creación de esta ley”, afirmó la diputada de Nuevas Ideas, Sandra Martínez, quien presidió la comisión Ad Hoc en la que se discutió el texto de la Ley.
Ley del oficialismo legaliza injusticia hídrica
Organizaciones ambientalistas cuestionaron la normativa aprobada por el oficialismo, señalaron que -si bien reconoce el “derecho humano al agua y al saneamiento”- es cuestionable que se estableciera que los permisos de extracción de agua para las empresas serán de 15 años, cuando se solicitó que no fueran más de 5.
Advierten que la Ley “favorece el robo y el despojo del agua en los territorios por parte de las oligarquías y sus grandes empresas; en otras palabras, la Ley aprobada transformará lo que ahora son acciones ilegales y abusos, en derechos de las empresas”.
Además, se señala que las juntas de agua, que abastecen a más de un millón de personas en las comunidades, tendrán que pagar canon por el uso del bien natural, lo cual podría poner en riesgo su funcionamiento.
“Esta es la Ley que no queríamos”, dijo Amalia López, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
Además, Luis González, también de la Alianza, señaló que la Ley General de Recursos Hídricos no incluyó lo puntos no negociables planteados por las organizaciones. “Dar grandes cantidades de agua por mucho tiempo, eso es privatización”, advirtió el ambientalista.
“Tal cual está aprobada la Ley, no obliga a ANDA a transparentar los convenios que ha suscrito con empresas de la oligarquía de la industria de la construcción, mediante los cuales ha concesionado inconstitucionalmente agua para el abastecimiento de sus proyectos urbanísticos, generando con ello escasez en poblaciones empobrecidas”, dicen las organizaciones.
Juntas de agua en riesgo
Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones ambientalistas es el pago del canon que, ahora, también deberán asumir las juntas de agua. “Es una ley que, como las demás, marca un esquema de injusticia porque tiene un enfoque de regresividad, es decir, los pobres pagan las cuentas. El Estado debería estar pensando en cómo las va a subsidiar (a las juntas de agua), no como les va a cobrar”, afirmó Carlos Flores, del Foro del Agua.
Participación ciudadana no está incluida
Según el texto de la Ley, la gestión integral del agua estará a cargo de la “Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA)”, la cual tendrá entre sus funciones el establecimiento de las tarifas por uso y aprovechamiento, y el canon por vertido.
La junta directiva de la ASA estará conformada por un director presidente, un representante del ministerio de Medio Ambiente, uno del ministerio de Agricultura, uno de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y del ministerio de Turismo. También habrá representación de los ministerios de Vivienda, Salud, Gobernación, Economía, Educación, Obras Públicas, así como de la Universidad de el Salvador (UES), de Organismos Zonales de Cuenca y de la sociedad civil.
Para las organizaciones, “esta Ley crea una institucionalidad burocrática, vertical y centralizada porque sigue negando la participación ciudadana al no reconocer los Comités de Cuencas”.
Oficialismo no tomó en cuenta recomendaciones de Relatores de ONU
El 01 de noviembre dos Relatores Especiales de Naciones Unidas hicieron una serie de recomendaciones a la Comisión Ad Hoc respecto a la separación del derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento, entre otros aspectos de la Ley de Recursos Hídricos, estas no fueron tomadas en cuenta en el texto aprobado ayer, de acuerdo a otro grupo de organizaciones que también se pronunciaron hoy en contra de la normativa, entre ellas la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
“En vista de la no atención a las recomendaciones planteadas por las organizaciones sociales y por los Relatores mencionados, la ley aprobada solamente es un instrumento que reconoce la injusticia hídrica, profundizará la grave situación del derecho humano al agua y la desigualdad para acceder al agua potable y de calidad. En definitiva, el agua en El Salvador continuará siendo un negocio de unos pocos”, expresan.
Agregan que “la Ley aprobada no recoge los aportes de las organizaciones sociales y comunidades que por más de quince años han luchado por una ley y una reforma constitucional que desarrolle el derecho humano al agua y saneamiento. Pero sí parece contar con el beneplácito de sectores económicos que pretenden continuar viendo al agua como mercancía”.
Por lo que piden al presidente Nayib Bukele no sancionar esta Ley.
