No es que antes del gobierno de Nayib Bukele todo era color de rosa para el ejercicio periodístico. El periodismo y los periodistas hemos sufrido siempre como males endémicos la precariedad laboral de los bajos salarios, sobre carga de actividades, despidos injustificados, incumplimiento de derechos económicos y sociales, violencia de género y acoso sexual contra periodistas mujeres, censura, autocensura y violación de la reserva de fuente, cláusula de conciencia y otras garantías específicas de la profesión informativa.
Por Leonel Herrera Lemus*
Todo esto, además de otros problemas relacionados con aspectos estructurales como la concentración de medios y la influencia de intereses de políticos y gobernantes de turno, grupos de poder económico y de las propias empresas mediáticas (Eso que el periodista franco-español Ignacio Ramonet llama la “bestia de tres cabezas”: el súper poder conformado por los medios, las élites político-estatales y las corporaciones). La prevalencia de estos intereses termina siempre desnaturalizando el rol del periodismo y la función social de los medios.
Sin embargo, con la llegada del excéntrico y narcisista gobernante milenial, varios de esos problemas se agravaron y, adicionalmente, aparecieron nuevos obstáculos para realizar lo que el célebre literato colombiano Gabriel García Márquez consideró “el mejor oficio del mundo” y que cumple un papel central en la democracia. Desde que arribó al poder, tras destrozar a los partidos tradicionales, Bukele se mostró hostil con los periodistas y medios críticos, bloqueó el acceso a la información pública y potenció la estrategia de redes sociales implementada desde su campaña electoral.
En sus primeros seis meses de gobierno, Bukele también reconcentró la asignación de la pauta publicitaria oficial en los medios tradicionales afines o acríticos y sitios de internet que integran su entramado de comunicación digital, al que recientemente también ha incorporado medios privados controlados por el ente gubernamental que administra los bienes en extinción de dominio y desde los cuales se montan campañas difamatorias contra medios que publican irregularidades en el manejo de fondos públicos.
En un informe que ARPAS presentó en diciembre del año pasado ante la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH señalamos, entre otros atropellos contra la libertad de expresión y de prensa, restricciones contra algunos medios en conferencias de Bukele, negación de información pública por parte de presidencia y otras instancias del Ejecutivo, filtración de datos personales a Casa Presidencial por el Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP) y ataques digitales o “linchamientos” en redes sociales contra periodistas, especialmente mujeres, que informan u opinan críticamente sobre la gestión gubernamental.
En el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19 estos vejámenes se han incrementado y agravado. De hecho, son la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a la información los ámbitos donde se evidencia más claramente el estilo autoritario de gobernar de Bukele, especialmente con el cierre fáctico de la oficinas de acceso a información pública y el aumento de los ataques contra periodistas y medios.
A mitad de abril, el secretario de prensa Ernesto Sanabria, principal hostigador gubernamental de periodistas y medios críticos, acusó a la Red Informativa de ARPAS de ser un “medio de oposición” y nos vinculó a un partido político, por haber retomado en nuestras redes sociales un pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras que pedía al gobierno permitir acceso a la información pública. Una semana después, este mismo funcionario nos pidió “parar el circo” luego que publicamos declaraciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y de la PDDH.
En una carta pública, nuestra Junta Directiva le recordó al flamante secretario las funciones de la labor informativa planteadas por el fundador del periodismo estadounidense Joseph Pulitzer: defender la democracia, denunciar las injusticias y “combatir a los demagogos”. También le recordó que, según los estándares de libertad de expresión de la CIDH, descalificar o estigmatizar a periodistas o medios por la información que publican es un acto de “censura indirecta”.
El pasado 3 de junio, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó que durante el primer año de la Administración Bukele su Centro de Monitoreo verificó 61 vulneraciones a la libertad de prensa. Dicha cantidad de atropellos es cuatro veces más que la registrada en el último año del gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
A las restricciones a la libertad de prensa, atropellos al trabajo informativo y agresiones contra periodistas perpetradas por personeros del Ejecutivo se suma la grave irresponsabilidad, omisiones y desidia de otras instituciones estatales, principalmente la Fiscalía y la Asamblea Legislativa. La primera no ha tenido la decencia de investigar de oficio los ataques digitales contra periodistas y la segunda se niega a aprobar la Ley de Protección Integral a Periodistas, Comunicadores/as y Trabajadores/as de la Información que duerme el sueños de los justos desde hace casi dos años en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Así que tenemos poco o nada que celebrar en este “Día del Periodista”, pero sí mucho que denunciar: diversas vulneraciones a la libertad de expresión e información, y múltiples violaciones a los derechos de las y los periodistas. Esto, sin embargo, debe desafiarnos a todas y todos a seguir adelante. Lorenzo Gomis, uno de los más connotados teóricos periodísticos, afirma -en su libro “Cómo se construye el presente”- que la función del periodismo es proporcionar a la ciudadanía la información que necesita para comprender su realidad y transformarla. Entonces, no permitamos que nadie ni nada nos impida realizar tan importante tarea.
