Por Yanuario Gómez

Representantes de varias organizaciones sociales que conforman la Alianza Social para la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), rechazaron las resoluciones judiciales que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitieron en los casos de corrupción que  involucran a la  exvicepresidenta de la República Ana Vilma de Escobar y la exprimera dama Ana Ligia de Saca.

Según las organizaciones, las actuaciones de la FGR y CSJ, en torno a estos casos promueve la impunidad de la corrupción. ASGOJU afirmó que los magistrados permitieron que la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, presentara pruebas fuera de tiempo y admitió documentos que no cumplían los requisitos de ley para aclarar incrementos en su patrimonio.

“La sección de Probidad, presentó dos proyectos de resolución del caso, uno para absolverla y otro para enviarla a juicio civil por enriquecimiento ilícito, debido a la falta de justificaciones en todo su patrimonio, 9 de los 15 magistrados de la Corte Plena, votaron a favor de la exoneración y promovieron así la impunidad de la corrupción”, dijo Leonel Herrera, miembro de ASGOJU.

Herrera, también se refirió a la decisión que la CSJ, tomó hace algunas semanas de no investigar casos de corrupción con más de diez años de anterioridad, amparados en el principio de prescripción de los delitos administrativos, como otra muestra de que este tribunal de justicia promueve la impunidad.

Los miembros de ASGOJU, manifestaron que esa decisión contraría jurisprudencia y precedentes establecidos por la anterior Corte Plena, que ordenó la apertura de juicios civiles contra exfuncionarios que no justificaron incrementos patrimoniales en casos de más de diez años de anterioridad.

“Aún cuando los casos prescriban penalmente, la responsabilidad civil siempre es perseguible para aplicarle la Ley de Extinción de Dominio y que el Estado, pueda recuperar el dinero aunque el funcionario corrupto ya no pueda ser penalmente procesado”, afirmó Herrera. Para las organizaciones sociales, la decisión de los magistrados de no investigar casos con más de diez años de antigüedad, permite que todos los casos de corrupción perpetrados durante los gobiernos de ARENA queden en la impunidad.

Además del caso de la exvicepresidenta, los colectivos representados en ASGOJU, cuestionaron el desempeño de Raúl Melara, fiscal general de la República, quien aceptó eliminar la pena de cárcel para la exprimera dama Ana Ligia de Saca, quien a cambio de confesar el lavado de $17 millones recibirá una pena de tres años, la cual cumplirá haciendo trabajo  comunitario.

En visión de los colectivos sociales la suavidad de la decisión de la FGR, en el caso de la esposa del expresidente  Antonio Saca, es contrastante con la rigurosidad y contundencia con que esta institución actúa respecto a mujeres que tienen abortos accidentales donde pide condenas de hasta cuarenta años de prisión por asesinato.

ASGOJU, finalizó exponiendo que el beneficio fiscal para la esposa del exmandatario es ilegal, porque la pena mínima por el delito de lavado de dinero y activos es de cinco años y la FGR la reduce para evitar la prisión.

Por lo anterior, las organizaciones llamaron a la población a salir a las calles y manifestarse en contra de las decisiones de la FGR y CSJ, como lo hicieron con el tema del agua.