Son tiempos difíciles para el periodismo crítico, y para el periodismo comunitario en particular. El Presidente Nayib Bukele y sus secuaces mantienen una ofensiva contra los medios que no se alinean con su estrategia comunicacional: exclusión total o parcial de la pauta publicitaria, campañas de difamación, descalificaciones y ataques digitales.
#EditorialARPAS
En un informe que ARPAS presentó en diciembre de 2019 ante la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH señalamos restricciones contra algunos medios en conferencias de Bukele, negación de información por parte de presidencia y otras instancias del Ejecutivo, filtración de datos personales a Casa Presidencial por el IAIP y “linchamientos” en redes sociales contra periodistas, especialmente mujeres, que informan u opinan críticamente sobre la gestión gubernamental.
En el marco de la pandemia del COVID-19 estos atropellos se han incrementado. De hecho, son la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho a la información los ámbitos donde se evidencia más claramente el estilo autoritario del gobierno, especialmente con el cierre de las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) y el aumento de ataques contra periodistas y medios.
En abril de este año, el secretario de prensa Ernesto Sanabria acusó a la Red Informativa de ARPAS de ser un “medio de oposición” y nos vinculó a un partido político, por haber retomado en redes sociales un pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras que pedía al gobierno acceso a la información. Una semana después, dicho funcionario volvió a atacarnos luego que publicamos declaraciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y de la PDDH.
En una carta pública, nuestra Junta Directiva le recordó al flamante secretario las funciones de la labor informativa planteadas por el fundador del periodismo estadounidense Joseph Pulitzer: defender la democracia, denunciar las injusticias y “combatir a los demagogos”. También le recordó que, según la CIDH, descalificar o estigmatizar a periodistas o medios por la información que publican es un acto de “censura indirecta”.
A las restricciones al trabajo informativo y agresiones contra periodistas perpetradas por personeros del Ejecutivo se suma la grave irresponsabilidad de otras instancias estatales, principalmente la Fiscalía y la Asamblea Legislativa. La primera no ha investigado de oficio los ataques digitales contra periodistas y la segunda no aprueba la Ley de Protección a Periodistas, Comunicadores/as y Trabajadores/as de la Información.
Lo anterior, lejos de desanimarnos, nos confirma el compromiso con las comunidades. La función del periodismo es proporcionar a la población la información que necesita para comprender su realidad y transformarla. En este Día de las y los Periodistas, quienes integramos la Red Informativa de ARPAS ratificamos ese compromiso, a pesar de las adversidades.
