El Presidente Nayib Bukele escribió hoy en su cuenta de Twitter que “el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es el último bastión gubernamental del FMLN”. Esto sucedió luego que comisionadas/os del IAIP intentaron sin éxito inspeccionar archivos militares en instalaciones del Ministerio de Defensa, en una caso de acceso a información pública promovido por la Universidad de El Salvador (UES) que investiga sobre asesinatos y desapariciones forzadas de estudiantes durante la guerra civil.

Molesto por la diligencia del IAIP, Bukele estalló en redes sociales y descalificó a los comisionados vinculándolos con un partido político, en lugar de presentar argumentos y pruebas que demuestren las supuestas irregularidades o sesgos políticos en las actuaciones del IAIP. Ojalá que, tras la estigmatizante declaración presidencial, no aparezca uno de sus enloquecidos fanáticos atentando verbal o físicamente contra algún funcionario del IAIP.

A inicios de semana, el mandatario hizo algo peor: acusó al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, de “defender a los criminales”. La temeraria afirmación de Bukele fue en reacción a las críticas del Procurador sobre la declaratoria de emergencia en los centros penales, decretada por el Presidente como represalia por el asesinato de un soldado en Morazán. Como también lo hicieron algunos centros de pensamiento jurídico y expertos penalistas, Tobar señaló que no se había cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley Penitenciaria.

Bukele tiene razón en reclamar al Procurador por no pronunciarse contra la aprobación de la ya vetada “Ley de Reconciliación” y de guardar silencio o ser tibio en otros temas; pero actúa de manera irresponsable cuando -nuevamente- en lugar de argumentar descalifica al Procurador, presentándolo como “defensor de delincuentes”. El Presidente debería leer en la Constitución de la República que el mandato de la PDDH es vigilar que el Estado no violente los derechos humanos. (El Presidente Bukele también califica de “inconstitucional” al Procurador, algo que sólo pueden hacerlo los magistrados la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).

La misma acusación de “defender criminales” que hizo contra el Procurador Tobar, acaba de hacer Bukele contra dos jueces de vigilancia penitenciaria que revocaron parcialmente la cuestionada declaratoria de emergencia.

Los graves actos presidenciales de intolerancia a la crítica, su costumbre de descalificar sin argumentos y las expresiones de Bukele que constituyen “discursos de odio”, porque podrían alentar actos de violencia de sus fanáticos más virulentos, deberían preocupar seriamente a todos los sectores democráticos de la sociedad salvadoreña y de la comunidad internacional.

En este espacio editorial le recordamos a Bukele que él es Presidente de todos los salvadoreños y salvadoreñas, de quienes le apoyan y de quienes le critican, y no es sólo de sus seguidores que insultan y atacan en redes sociales; también le recordamos que la Constitución le manda a procurar la armonía social y la convivencia pacífica. Por tanto, debe ser tolerante a la crítica, respetar el rol de las demás instituciones públicas y exponer sus argumentos en lugar de expresar afirmaciones simplistas, ligeras, peligrosas e indignas de un Jefe de Estado.

Ojalá, por el bien del país, el Presidente Bukele se ponga serio, sea responsable y cambie de actitud.