La Conferencia Episcopal de El Salvador, se pronunció en contra de la privatización del agua, propuesta por la Ley impulsada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y respaldada por los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa.
Ante la opinión pública y de manera rotunda, la jerarquía católica dijo estar en contra de la privatización del agua, puesto que el acceso a este bien natural es imprescindible para la vida humana, y por lo tanto se convierte en un derecho.
Basados en el reconocimiento del derecho humano al agua, hecho por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el año 2010, y que la Encíclica del Papa Francisco afirma que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina sobrevivencia de las personas, la Conferencia Episcopal exigió a los diputados y diputadas respetar los 92 artículos consensuados en la legislatura 2012-2015, pues se consideran una pieza fundamental en dicha Ley, ya que responden a las grandes necesidades del pueblo salvadoreño.
"Nuestra posición no es política, sino en pro de los salvadoreños y de todas las comunidades que se verán afectadas con esta ley (privatización del agua), expresó el arzobispo metropolitano de San Salvador, José Luis Escobar Alas.
Piden que, para responder a tan justa demanda, es indispensable que el ente rector de la administración del agua tenga una Junta Directiva predominantemente estatal, con amplia participación ciudadana.
"A los diputados de la Asamblea Legislativa, les pido que no traicionen al pueblo que los eligió", añadió Monseñor Escobar Alas. Según declaró, el Papa Francisco está informado sobre este tema y también está preocupado por la falta de acceso al agua.
Dijo que el Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible (CEDES), exige una propuesta de ley justa y que con la UCA presentaron una propuesta consensuada, por ello no van a permitir una violación a los derechos humanos y si es necesario van a manifestarse: "Si aprueban la ley no nos vamos a quedar callados".
En el pronunciamiento oficial compartido, también afirman que, si se llegara a aprobar una ley que otorgue a una entidad privada el derecho a decidir sobre la distribución del agua en la nación, negándole esta función al Estado, estaríamos ante una ley absolutamente antidemocrática y carente de legitimidad.
Exhortamos a todo el pueblo a hacer uso del derecho a la participación ciudadana, exigiendo a la Asamblea Legislativa la aprobación de una Ley General de Aguas, que garantice este derecho humano fundamental y una ley injusta que violente los derechos del pueblo, no puede ser admitida.
"No creo que nuestros diputados cometan esta aberración contra la población, pero por supuesto que estamos en apoyo y unidos con la población al rechazo de la privatización del agua".
