Por David Morales
Las décadas de los 70 y 80 bañaron de sangre nuestro país: la perpetración de masivas violaciones de los derechos humanos y el desencadenamiento de un conflicto armado que se prolongaría por 12 años, signaron la época. Las víctimas asesinadas ascendieron a más de 75 mil, según la estimación simbólica más aceptada, aunque se trata de una cifra indudablemente conservadora.
En el marco de los 100 días del nuevo Gobierno del presidente Nayib Bukele, algunos de sus ministros y funcionarios realizaron un acto público en el caserío El Mozote, el simbólico lugar donde el Batallón de Infantería Atlacatl exterminó a todos los pobladores civiles que encontró a su paso en nueve cantones y caseríos del norte de Morazán, perpetrando más de un millar de asesinatos. El acto gubernamental tuvo lugar el pasado 7 de septiembre y durante el mismo se colocó la primera piedra para la “Casa de la memoria”, que se construirá en el terreno de lo que fuera la vivienda de un patriarca de la comunidad, Israel Márquez. Allí fueron fusiladas decenas de mujeres, algunas con sus bebés en brazos, la tarde de aquel fatídico 11 de diciembre de 1981. Un mensaje del gobierno actual anuncia que con ese acto se “oficializan” las medidas de reparación en El Mozote y sitios aledaños.
La casa de la memoria es una de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sentencia sobre el caso, dictada en octubre de 2012; de hecho, la obra estaba planificada desde el gobierno anterior que ya había adquirido el terreno para ese fin.
Realmente el camino de las víctimas de El Mozote ha sido largo en su demanda de verdad, justicia y reparación. Sus luchas en el sistema internacional implicaron años de esfuerzos para llegar a la sentencia comentada; luego, han supuesto siete años de exigencias para el cumplimiento, diálogos intensos con las instituciones gubernamentales, gestiones permanentes para superar la insensibilidad de funcionarios y la burocracia que retardaba o entorpecía la ejecución excesivamente. La sentencia debió cumplirse plenamente en el año 2017, según el plazo de la Corte IDH. Pero, hasta hoy, su cumplimiento es parcial y muy limitado, y cada tanto nos enteramos de sobrevivientes que fallecen sin haber recibido reparación alguna. La mayoría de las familias aún no reciben la reparación material.
A diferencia del caso de El Mozote, que cuenta con una sentencia internacional, en cientos de otros casos similares las víctimas no han recibido nada. El inicio de una nueva gestión de Gobierno es un momento propicio para reflexionar sobre las actitudes que desde diferentes administraciones se adoptaron frente al tema de los derechos de las víctimas de las atrocidades de la guerra. Es oportuno, además, por haberse producido en 2016 una sentencia de inconstitucionalidad que dejó sin efecto la amnistía general hasta ese momento vigente, la cual obliga a todos los poderes públicos a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en esta materia.
Durante los cuatro gobiernos bajo la bandera de Arena (presidentes Cristiani, Calderón, Flores y Saca) se impuso la Ley de amnistía general, se rechazaron las recomendaciones de las instancias internacionales de derechos humanos e incluso se entró en franco desacato con la Comisión y la Corte Interamericanas. Se instauró un negacionismo de la historia que invisibilizó y estigmatizó a las víctimas, mientras se promovieron ominosos homenajes a los represores más brutales, entre ellos el culto partidario y hasta estatal a personajes como Domingo Monterrosa y el propio fundador de Arena, Roberto d’Aubuisson. Repetidamente, la Fuerza Armada negó información sobre operaciones y documentos militares, con el evidente respaldo de los presidentes civiles areneros.
Durante los gobiernos bajo la bandera del FMLN se produjeron acciones que marcaron una ruptura simbólica con el negacionismo oficial anterior. Los actos de “perdón presidencial” de 2010 y 2012 destacaron en ese sentido; el realizado en 2012 en El Mozote fue previamente concertado con las víctimas y se atendieron los estándares internacionales para este tipo de actos.
En enero de 2010, la administración del presidente Funes emitió el decreto ejecutivo N° 5, el cual creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas durante el conflicto (CNB), que ha rendido resultados importantes hasta el día de hoy, pese a su escaso presupuesto. Más tarde, durante este período, también se emitió el decreto ejecutivo N° 204 (octubre 2013), el cual estableció un “programa de reparaciones” más bien limitado al ámbito del resarcimiento moral y simbólico. Este decreto creó un registro general de víctimas bajo coordinación de la Secretaría de Inclusión Social, con el fin de que las mismas accedieran a compensaciones económicas -exiguas en extremo-, pero las cuales fueron bien recibidas por muchas víctimas agobiadas por la pobreza y el abandono estatal durante décadas.
Sin embargo, la ejecución del decretó 204 realmente no inició en este período presidencial y las diversas acciones realizadas durante este no evolucionaron hacia políticas públicas participativas, las cuales promovieran la reparación adecuada de las víctimas, por lo que su impacto simbólico mermó notablemente.
Durante la administración del presidente Sánchez Cerén se produjeron acciones en orden a la aplicación del decreto 204, aunque fue también un proceso lento y de cumplimiento parcial: el grupo de personas al que llegaron estos beneficios fue muy reducido y no se adoptaron muchas de las medidas previstas.
En agosto de 2016 se aprobó el decreto ejecutivo N° 53, el cual creó un programa de desarrollo social para las comunidades afectadas por “las masacres de El Mozote y sitios aledaños”, y otorgó formalidad al registro de víctimas para la entrega de las reparaciones materiales a las familias. Diversas obras se realizaron en este período, en su mayoría centradas en el caserío El Mozote y no en similar proporción a otras comunidades. Entre ellas destacan la construcción y equipamiento de la unidad de salud y el avance en la construcción de la escuela central en El Mozote y Cerro Pando, así como obras de mejora en 7 escuelas más; la instalación de 14 redes de energía eléctrica; la construcción de la calle principal hasta El Mozote; la remodelación de los monumentos y plaza central de El Mozote; el pago de indemnizaciones, entre otras acciones.
Aunque este proceso representa la experiencia más positiva del Estado salvadoreño para resarcir un colectivo de víctimas, lo cierto es que su cumplimiento aún es parcial respecto a la agenda de la sentencia internacional.
En el período Sánchez Cerén también se creó (agosto de 2017) la Conabúsqueda, con la finalidad de impulsar la búsqueda de las personas adultas forzosamente desparecidas durante el conflicto armado, mediante el decreto ejecutivo N° 33, con participación de las organizaciones de víctimas.
Pese a los diversos avances simbólicos e institucionales mencionados, en realidad el balance de los gobiernos del FMLN respecto de sus obligaciones de reparación muestra un claro déficit. El tema no tuvo realmente prioridad, no se asignaron los recursos que hubiera sido posible y los estándares internacionales en esta materia estuvieron muy lejos de cumplirse.
Salvo los cumplimientos parciales en el caso de El Mozote, la gran mayoría de las víctimas en el país tuvieron muy poco, casi nada o nada. Además, durante los gobiernos del FMLN y bajo el liderazgo de su ministro de Defensa, el General David Munguía Payés, los presidentes continuaron el patrón histórico de tolerar el ocultamiento de información sobre los archivos militares relacionados a operaciones militares, en muchas de las cuales se perpetraron masacres y miles de otras atrocidades. También los homenajes militares para oficiales violadores de los derechos humanos, como Domingo Monterrosa, se mantuvieron.
En el ámbito de la justicia ya conocemos la historia. El rol del judicial y la fiscalía se ha caracterizado siempre por incumplir la ley, aceptar fácilmente la amnistía inconstitucional y la pasividad casi absoluta frente a las denuncias por los graves crímenes de la guerra. La sentencia de inconstitucionalidad de 2016 sacudió un poco las cosas. Algunos casos fueron reabiertos formalmente, como el magnicidio de Monseñor Romero, pero sin avances efectivos. La Fiscalía creó una unidad especial con muy pocos recursos asignados, por lo cual a tres años de la sentencia no se han observado resultados expresados en la judicialización de casos. La masacre de El Mozote y sitios aledaños es el único que ha mostrado avances reales.
Este es el escenario en el cual ha asumido el gobierno entrante del presidente Nayib Bukele, bajo la bandera de Gana y el respaldo del naciente partido Nuevas Ideas. Su inicio de gestión presidencial tuvo contundencia simbólica al ordenar la supresión del nombre de Domingo Monterrosa, perpetrador de la Masacre de El Mozote, de la fachada principal de la Tercera Brigada de Infantería en la ciudad de San Miguel. El nuevo presidente también recibió en Capres a la Junta Directiva de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, asumiendo una postura de disposición para cumplir la sentencia de la Corte IDH.
Bien por el simbolismo a favor de las víctimas, y por una postura pública que no retrocede a las viejas posturas negacionistas que mantuvieron los gobiernos de ARENA. Bien por borrar uno -de varios- homenajes ignominiosos en memoria de un brutal represor como Monterrosa, gesto al que no se atrevieron los gobiernos del FMLN. Pero, como he señalado, si los actos simbólicos no trascienden a obras y políticas de reparación diseñadas participativamente, con opciones de financiamiento realistas para las mismas, apegados a los estándares de derechos humanos, se estarán produciendo actos que podrían caer pronto y de nuevo en el vacío, bajo riesgo de convertirse en fuente de frustración y sufrimiento para las víctimas, otra vez.
Una de las primeras acciones del presidente Bukele y su Consejo de ministros fue la eliminación de varias secretarías presidenciales, entre ellas la Secretaría Técnica y la de Inclusión Social. Más allá de la problemática de los despidos arbitrarios, por sus roles de coordinación, esta disolución dejó en disfuncionalidad los decretos ejecutivos N° 204 (2013) y 53 (2016). Por ende, los registros de víctimas para el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, y el otro registro general de víctimas, cayeron en la parálisis. Esto ha detenido la ejecución ordenada de las reparaciones y están retrasando las pocas compensaciones, insuficientes pero vitales, para víctimas -en su mayoría adultas mayores- en situación de extrema pobreza.
En El Mozote, en el último trimestre, hemos visto algunas publicitadas visitas de ministros ofreciendo obras, como en el acto del pasado 7 de septiembre. Sin embargo, el proceso de reparaciones no ha sido reorganizado y tampoco se está permitiendo una efectiva participación de las víctimas en el mismo; el registro de víctimas sigue sin funcionar y algunas obras iniciadas en este período ya estaban planificadas o presupuestadas desde la administración anterior, como la “casa de la memoria”. El ministerio de Gobernación, nuevo encargado del proceso, aún no ha tenido la capacidad de asumir el rol coordinador que desempeñaba la Secretaría Técnica con relación al plan de desarrollo social, y recién hasta el pasado 22 de agosto se produjo la visita de una comisión interinstitucional que se comprometió a retomar el proceso anterior de reparaciones.
Por otra parte, la ejecución del decreto 204 está en peor condición, pues ni siquiera hay comunicación con las organizaciones de derechos humanos o víctimas que se acogen a este. Las Comisiones de Búsqueda de personas desaparecidas (CNB y Conabúsqueda), vinculadas administrativamente a la Cancillería, siguen funcionando, pero bajo la indiferencia presidencial, sin que exista información certera sobre su continuidad el próximo año. Diversas organizaciones de derechos humanos que públicamente han expuesto estos retrocesos o riesgos para las pocas reparaciones existentes han solicitado audiencia al presidente sin obtener respuesta.
El presidente Bukele debe poner un interés particular en estos asuntos de la reparación a las víctimas y exigir de sus funcionarios un esfuerzo serio por retomar el paso, si realmente da relevancia a este sector. Invalidar los procesos solo porque provienen del Gobierno anterior es un error inadmisible. Los escasos avances en materia de verdad, justicia y reparación nunca fueron regalos de los gobernantes, han sido conquistas de las víctimas que lucharon por abrir los pocos espacios que hoy deberían ser ampliados y fortalecidos. La dignidad de las víctimas es territorio sagrado.
Finalmente, se debe mencionar como un gesto positivo de la nueva administración la postura del presidente de rechazar el intento por imponer otra Ley de amnistía. En efecto, atropelladamente los partidos políticos de la legislatura actual llevan adelante un proceso en el que tratan de aprobar una amnistía de facto para favorecer criminales de guerra, sin importar que esto suponga un fraude a la sentencia de inconstitucionalidad de 2016.
Si el gobierno quiere marcar un cambio a favor de los derechos de las víctimas de la guerra, el presidente Bukele debería vetar por razones de inconstitucionalidad cualquier proyecto de una nueva ley de impunidad, como ha prometido. También debería dictar una orden general, en su calidad de comandante de la Fuerza Armada, que obligue a poner a disposición de las autoridades y las víctimas los archivos relacionados a operaciones militares durante la cuales se perpetraron las más graves atrocidades de la guerra. Las reparaciones iniciadas en los gobiernos anteriores deben ampliarse y articularse en una política nacional con participación de las víctimas, por supuesto; y debería proseguir el desmontaje total de los homenajes a los represores, que no se limitan únicamente al muro de la Tercera Brigada.
El Salvador es el reino de la impunidad para los criminales de lesa humanidad y los criminales de guerra. Pero la historia es implacable. Estar del lado de las víctimas o de los victimarios es una opción que no permite máscaras perdurables. El tiempo termina por absolver a unos y condenar a los otros, así hayan sido los gobernantes más poderosos o populares de su tiempo.
Sobre el autor: David Morales es abogado salvadoreño; ha laborado en organizaciones civiles de derechos humanos y ejercido cargos públicos en el mismo ámbito durante varios años. Fue Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en el período 2013-2016. Es abogado querellante en los juicios por el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños (Morazán, 1981) y por el caso de la Masacre de El Calabozo (San Vicente, 1982). Actualmente funge como Director de Litigio Estratégico de la organización Cristosal.
