Este 1o. de junio de 2021 se cumplieron dos años la gestión presidencial de Nayib Bukele, la cual está marcada por graves retrocesos en institucionalidad democrática, falta de transparencia y rendición de cuentas y vulneraciones a derechos humanos, entre éstos los relacionados con la comunicación. A continuación señalamos los problemas del ámbito comunicacional que se han agravado en el segundo año del actual gobierno:
Falta de acceso a información pública y desmantelamiento del IAIP:
El gobierno ha violentado sistemáticamente la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y ha tomado el control del Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) con el nombramiento de los comisionados Ricardo Gómez, Luis Suárez y Roxana Soriano, obedientes a Casa Presidencial. La falta de acceso a información violenta el ejercicio de otros derechos ciudadanos, afecta el rol de periodismo crítico, impide la rendición de cuentas y promueve la corrupción.
Descalificaciones y ataques digitales contra periodistas y medios críticos:
Desde el Ejecutivo se descalifica y estigmatiza a periodistas y medios críticos, especialmente a los que revelan casos de corrupción, denuncian arbitrariedades y retoman críticas de la comunidad internacional. Este tipo de vejaciones también las sufren ciudadanos/as que disienten del discurso único oficial que busca imponerse como verdad absoluta en el imaginario colectivo.
Consolidación de un aparato propagandístico financiado con dinero público:
La administración Bukele ha consolidado un enorme aparato propagandístico pagado con fondos públicos, el cual incluye a la radio y televisión nacional, un periódico impreso, medios privados bajo control del Consejo de Administración de Bienes de Extinción de Dominio (CONAB), televisoras y radios comerciales cooptadas por la publicidad oficial, periódicos digitales y el uso intensivo de redes sociales, sobre todo Tuitter y Facebook.
La pauta publicitaria utilizada como “premio o castigo” hacia los medios:
La asignación de la publicidad estatal se concentra en los medios de comunicación afines al gobierno, como “premio” por su condescendencia y perspectiva acrítica sobre la gestión gubernamental; mientras se excluye, como “castigo”, a radios comunitarias, medios independientes y otros que no se alinean a la omnipresente narrativa oficial.
Cierre de medios comunitarios:
Tres radios comunitarias fueron cerradas en febrero de este año, con el argumento de que “no tienen autorización”. En la resolución, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) amenazaba con una multa de casi medio millón de dólares ($454,000) a cada radio si continuaba transmitiendo. Es condenable que, con la excusa de “aplicar la ley” y “ordenar el espectro radioeléctrico”, se cierren medios de las comunidades. S
