Por Leonel Herrera*
El 1 de junio el presidente ilegal anunció más “medicina amarga”, ahora en el ámbito económico. No detalló las medidas, ni a quienes serían aplicadas; sin embargo, la perspectiva derechista, el enfoque neoliberal y el carácter pro-oligárquico de su gobierno, hacían previsible que no sería para las élites pudientes, sino para los sectores populares y capas medias.
En estos días cercanos a la Navidad, tiempo de celebrar el nacimiento del niño Jesús que vino al mundo para mostrarnos que la plenitud se alcanza en el amar y servir, se está concretando un plan gubernamental que amenaza al país desde hace meses: la derogatoria de la prohibición de la minería metálica, una ley que fue resultado del esfuerzo colectivo de personas, comunidades y organizaciones en defensa de la vida y el medioambiente. Con la prohibición de la minería no “se denegó la posibilidad de hacer uso de los recursos de la nación para el desarrollo económico e integral de los salvadoreños”, como afirma el oficialismo, sino que se priorizó la salud de la ciudadanía y el bien común frente al interés de las industrias extractivas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador condena enérgicamente la decisión de los diputados de Nayib Bukele de revertir la Prohibición de la Minería Metálica y reactivar la actividad minera pese a que el país no posee las condiciones geológicas y ambientales.
#EditorialARPAS
Los problemas de un país desaparecen resolviéndolos, no ocultándolos o escondiéndolos como “polvo bajo la alfombra”. Cualquier problema, sea violencia, pobreza, corrupción o daño ambiental, requiere políticas públicas efectivas para eliminarlo o -al menos- reducirlo o mitigarlo.
