Este 11 de enero de 2025 se cumplen dos años de criminalización de nuestros compañeros Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez, líderes de la comunidad Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES).
La acusación sin pruebas montada por la Fiscalía General de la República es en represalia por la denuncia de Santa Marta y ADES sobre las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica, la más dañina de las industrias extractivas que amenaza nuestra agua, los ecosistemas, la agricultura, nuestra salud y la continuidad de la vida de las generaciones presentes y venideras.
A lo largo de estos 24 meses han quedado demostradas tres situaciones que ahora son hechos indiscutibles. La primera es la total inocencia de nuestros ambientalistas, a quienes la Fiscalía no puede comprobarles el cometimiento de ningún delito y basa su acusación en un testigo falso que ha cambiado constantemente su discurso.
¡ELLOS SON INOCENTES Y LA ACUSACIÓN EN SU CONTRA ES FALSA!
La segunda situación que ha quedado evidenciada es que el caso es una manipulación del sistema judicial para criminalizar al activismo ambiental y arremeter contra quienes se oponen a los tenebrosos proyectos mineros. Así lo han denunciado también centenares de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, entre éstas la Relatoría Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El caso también es una instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional, y constituye una revictimización de una comunidad que fue víctima de masacres, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
El último episodio de esta farsa judicial contra nuestros líderes comunitarios es la repetición de la vista pública que se realizará del 3 al 6 de febrero, en el Juzgado de Sentencia de San Vicente, por orden de la Cámara Penal de Cojutepeque. Nuestros lideres ambientalistas ya habían sido sobreseídos definitivamente por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque el pasado 18 de octubre. Este doble juzgamiento violenta los más elementales principios del debido proceso penal y sentará un precedente nefasto en la justicia salvadoreña.
Y la tercera situación que se ha demostrado es que, tal como lo dijimos desde el inicio del proceso, la motivación real y el trasfondo de este caso es la reactivación de la minería, lo cual ha sido confirmado con el anuncio presidencial de reactivar la minería y la aprobación exprés de una nueva ley que deroga la prohibición definitiva y pone nuevamente al país frente al grave peligro que representan los proyectos extractivistas.
Los perseguidores de los ambientalistas de Santa Marta y ADES creyeron que al procesarlos injustamente debilitarían la organización y la resistencia comunitaria frente a la minería metálica. Sin embargo, se equivocaron porque lo que lograron fue despertar la conciencia ambiental de la mayoría de la población y la reacción de diferentes sectores, organizaciones, instituciones y personalidades en defensa del agua y la vida; Y ESTO HACE QUE NUESTRA VOZ AHORA SEA MÁS FUERTE. NO ESTAMOS SOLOS.
Está con nosotros la Iglesia Católica y las iglesias históricas, las organizaciones sociales, las principales universidades y la mayoría de la población salvadoreña, tal como lo demuestra la más reciente encuesta de la UCA. Según este estudio, el 60% de la población afirma que el país no es apropiado para hacer minería, el 70% sabe que la explotación minera daña al medioambiente, el 94% no está dispuesto a trabajar en minería y el 95% considera que es peligroso vivir cerca de una mina.
Por eso hoy, aquí, a orillas de nuestro Río Lempa, la principal fuente de vida del país, NUESTRA VOZ MÁS FUERTE exige justicia y libertad para nuestros líderes ambientalistas. Nuestra voz, que es la voz de todas y todos los que queremos el agua más que el oro, los que queremos tener un ambiente sano y los que amamos la vida, decimos NO A LA MINERÍA EN NUESTRA TIERRA. Lo decimos recordando y honrando el legado y la memoria de nuestros mártires ambientales Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, quienes hace 15 años se enfrentaron a la muerte para defender la vida.
Ellos y ella hoy nos inspiran a seguir en esta lucha. En esta lucha el Dios de la vida está con nosotros y nosotras, llamándonos a defender la creación, la Casa Común y la Vida; y nos pide que NO NOS ARRODILLEMOS ANTE EL BECERRO DE ORO.
¡Libertad definitiva para los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES!
¡Sí a la Vida, No a la minería!
Río Lempa, El Salvador, 11 de enero de 2025.
