El 5 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó, por unanimidad, varias reformas a la Ley de Telecomunicaciones (LT), luego de un proceso de debate y consenso entre diferentes actores mediáticos y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Las reformas derivaron de una sentencia de inconstitucionalidad contra la referida ley, generada por demandas promovidas por representantes de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) ante la Corte Suprema de Justicia.
Entre las reformas más importantes están: el reconocimiento legal de los medios comunitarios por radiodifusión, la eliminación de la prórroga automática de las concesiones y la inclusión de mecanismos alternos a la subasta para asignar frecuencias. La reforma también incorporó las nuevas tecnologías de la info-comunicación y actualizó aspectos administrativos, financieros y técnicos de la LT. Además, incluyó disposiciones transitorias para implementar la televisión digital.
La aprobación de estas reformas significó un primer paso en la democratización del modelo mediático, resultado de la lucha por el derecho a la comunicación. Recordemos que la LT, con claro sesgo neoliberal (aprobada en 1998 en el marco de las privatizaciones que impusieron los gobiernos de ARENA), únicamente reconocía a los medios privado-comerciales, establecía la subasta como único mecanismos para otorgar frecuencias y perpetuaba las concesiones a través de prórrogas automáticas, propiciando altos niveles de concentración en pocos grupos empresariales (TCS, SAMIX, Corporación FM, Megavisión, Corporación KL, Grupo Radio Stereo).
Las reformas abrían la posibilidad de iniciar un proceso gradual de reconfiguración del esquema mediático y de construcción de uno más democrático, que permitiera mayor pluralidad y diversidad de voces. Sin embargo, tres años después de aprobadas, las reformas no han cumplido las expectativas de quienes defendemos el derecho a la comunicación y promovemos la democratización del modelo de medios. A continuación, algunos hechos que confirman la situación descrita.
Asignación de nuevas concesiones. Las reformas han permitido presentar solicitudes para medios comunitarios, pero hasta esta fecha no ha sido otorgada ninguna concesión para este tipo de medios, debido a “retrasos en la aprobación del nuevo reglamento de la Ley”. Sin embargo, SIGET sí ha entregado nuevas frecuencias para medios comerciales a través de subastas. Actualmente están en curso solicitudes de frecuencias para radios comunitarias (incluida la primera radio indígena) y una para televisión comunitaria; ésta última ha sido suspendida “hasta que haya concluido la implementación del plan de televisión digital”. Las radios comunitarias aglutinadas en ARPAS siguen compartiendo una misma frecuencia y todavía no se instala una sola televisora comunitaria.
Renovación de las concesiones. Las reformas han facilitado un proceso de “revisión y ordenamiento de las concesiones”, pero la mayoría de éstas están siendo renovadas, incluidas muchas que fueron otorgadas irregularmente durante los gobiernos areneros, debido al “derecho adquirido” que les otorgó la Sala de lo Constitucional”. La recomendación de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia sobre la necesidad de hacer una “auditoría del espectro radioeléctrico” y un “acto especial de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre cómo se otorgaron las concesiones”, fue ignorada por SIGET.
Digitalización de la televisión abierta. Éste es el aspecto más crítico: la digitalización de la televisión es un avance importante, pero -basada en disposiciones resolutivas de la Sentencia de Inconstitucionalidad 65/2012- SIGET está asignando los mismos anchos de banda (6 MHz) a los actuales concesionarios, ignorando argumentos sobre la democratización del espectro radioeléctrico que la misma sentencia plantea. SIGET, además, no ha tenido en cuenta los “Estándares de Libertad de Expresión para la Transición a una Televisión Digital Abierta, Diversa, Plural en Inclusiva” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exhortan a los Estados americanos a implementar políticas que aseguren la digitalización como oportunidad para la democratización del esquema mediático y eviten mayores niveles de concentración. El gobierno salvadoreño prioriza el beneficio de los actuales concesionarios, por encima de la necesidad de generar mayor diversidad y pluralismo mediático a través del ingreso de nuevos operadores.
A fin de contribuir a la implementación de las reformas a la LT con un enfoque democratizador, ReDCo presentó en enero de 2017 una propuesta de Política Pública de Comunicaciones. La propuesta fue entregada a los titulares de SIGET y de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, pero las estrategias y acciones ahí planteadas no fueron tomadas en cuenta.
Ante esto, las organizaciones sociales, académicas, periodísticas y de medios comunitarios que integramos ReDCo, exhortamos a las autoridades de SIGET a rectificar y agilizar la implementación de las reformas a la LT. Igualmente, llamamos al gobierno entrante a retomar el proceso de democratización de las comunicaciones, para lo cual solicitamos al presidente electo Nayib Bukele un espacio de diálogo e interlocución para presentar nuestras propuestas.
Comunicado de la Red por el derecho a la comunicación REDCO.
