Por ARPAS

Los cobardes asesinos de Monseñor Romero (escuadroneros y oligarcas que lo mataron, medios que lo calumniaron y demás involucrados directa e indirectamente en el magnicidio) procurarán que su canonización sea el punto final o cierre de un ciclo incómodo.

Es decir, buscarán que el Arzobispo Mártir se quede en los altares y no se hable de él fuera de las iglesias. Intentarán que Romero esté lejos de la calle, de las luchas populares y de las convicciones, sueños y aspiraciones de la gente.

Ante este peligro, es necesario que el pueblo se empodere aún más del legado de Romero, levante sus banderas y plantee una “romerización del país”. Se trata de posicionar un nuevo sentido común en el cual todas las significaciones e imaginarios se fundamenten en los valores de paz, justicia, igualdad y dignidad romerianas.

Esto, sin embargo, no debe quedarse en el plano simbólico, sino traducirse en políticas públicas y cambios legales e institucionales que permitan ir construyendo un nuevo país democrático, equitativo e incluyente, como planteaba Romero. Sería -como dice el politólogo Álvaro Artiga citando al Arzobispo Mártir- un país “según el corazón de Dios”.

Por eso el padre Juan Vicente Chopín plantea que la canonización de Romero “debe ser punto de partida, más que punto de llegada”. En la perspectiva canónica -aclara este sacerdote romeriano- es un punto de llegada, “pero es un punto de partida desde las luchas sociales y la necesidad de construir la sociedad justa e incluyente que propone Romero”.

En tal sentido, hay algunas tareas urgentes para iniciar este proceso de “romerización”.

La primera es demandar que la Fiscalía y el Sistema Judicial investiguen el magnicidio, tal como han exigido las organizaciones romeristas y el Cardenal Gregorio Rosa Chávez.

La segunda es exigir que ARENA pida perdón por la responsabilidad de su fundador Roberto D´Aubuisson y también pidan perdón los demás involucrados en el abominable crimen.

La tercera es prohibir por ley cualquier homenaje a quienes participaron en el magnicidio, especialmente a D´Abuisson, organizador material del asesinato y sicario político de las élites oligárquicas que financiaron a los escuadrones de la muerte.

La cuarta es institucionalizar en los currículos educativos y en las políticas culturales la memoria, promoción y práctica del legado de Romero.

La quinta es denunciar y rechazar cualquier política, medida o acción injusta que contravenga los principios romerianos, es decir: que violente derechos humanos, vulnere la dignidad de las personas o profundice las desigualdades sociales.

Y la sexta es construir un plan de país desde la visión romeriana, y comprometer a los candidatos y partidos con su implementación. Esta propuesta debe incluir -al menos- medidas para distribuir justamente la riqueza, desmontar el modelo neoliberal, cumplir cabalmente los derechos humanos y establecer la gestión pública del agua, servicios básicos y bienes comunes.