La peregrinación inició la semana pasada en Tacuba, Ahuachapán, y recorrió los municipios de Ataco, Apaneca, Juayúa, Salcoatitán y Nahuizalco, donde hace 86 años unas 30 mil personas humildes fueron asesinadas por protestar contra el hambre, la miseria y el despojo de sus tierras.

La matanza – dirigida por el dictador Maximiliano Hernández Martínez y el general Tomás Calderón, abuelo del ex presidente arenero Armando Calderón Sol – fue un genocidio y un etnocidio, porque significó el aniquilamiento de la cultura originaria (idioma, tradiciones, espiritualidad y cosmovisión).

Por eso, en su “Manifiesto”, las comunidades exigen una “investigación seria sobre los sucesos de 1932, tomando en cuenta principalmente los datos aportados por las comunidades indígenas”. En tal sentido, piden que “el Estado salvadoreño reivindique su posición ante los pueblos originarios masacrados, pida perdón y prohíba la profanación del partido oligárquico (ARENA) que tradicionalmente inicia sus campañas electoreras en el suelo sagrado de los abuelos y abuelas”.

“Pedimos al Estado atender nuestras peticiones de dignificación y el resarcimiento concreto de los daños ocasionados durante la invasión española, la conquista, la colonia y los gobiernos autoritarios”, dice el “Manifiesto”.

Las peticiones se refieren al respeto y promoción de la cosmovisión ancestral, un modelo educativo acorde a sus necesidades, la recuperación del patrimonio cultural y la devolución de tierras de las que fueron despojados.

La Caminata fue acompañada por varias instituciones gubernamentales, entre éstas la Secretaría de Cultura, ahora convertida en Ministerio. Así que, ojalá, las demandas de las comunidades indígenas sean incorporadas en las políticas de reconocimiento y reivindicación de los pueblos originarios impulsadas por los gobiernos del FMLN.

La “Caminata de los Pueblos Originarios en Resistencia” es una acto de dignidad de las comunidades ancestrales y de reivindicación de nuestros orígenes, nuestra historia y de la memoria necesaria.