Ambientales de ADES y Santa Marta, deciden no presentarse el pasado 3 de febrero al Centro Integrado de Justicia de Ciudad Delgado, lugar asignado por el Juzgado de San Vicente para la repetición del proceso judicial en contra de los lideres ambientales y comunitarios; por considerar que no existen “garantías de un juicio justo y legal”.
El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, declaro un sobreseimiento definitivo para los ambientalistas, sin embargo a petición de la Fiscalía General de la República, la Cámara Penal de Cojutepeque, anulo la resolución y ordeno repetir el proceso en otro tribunal.
En una carta pública los ambientalistas expusieron que son “inocentes y no quieren validar la farsa de un sistema de justicia, cooptado por el régimen de turno, y que no ofrece ninguna garantía de un debido proceso y de su seguridad e integridad, no existen garantías de un juicio justo y legal y que tiene a la base decisiones políticas y no jurídicas, por ello hemos decidido resguárdanos para proteger nuestra integridad”
Los líderes, también afirman que la persecución se debe a su oposición a la contaminación, y destrucción ambiental de los proyectos mineros que amenazan el agua, la salud y la vida de la población salvadoreña.
Ante, la no comparecencia de los ambientalistas el Tribunal de San Vicente decidido suspender el proceso y reprogramarlo para el 9, 10 y 11 de abril, además dio cinco días hábiles para que puedan presentar sus razones de la ausencia.
Vladimir Perla, defensor legal de los ambientalistas afirmó desconocer los motivos porque no se presentaron, pero explico que no se ha girado orden de captura para los 5, en caso de no comparecer, en los cinco días hábiles, el tribunal puede realizar el debido proceso para declarar la rebeldía, pero esperan que comparezcan y que justifiquen el motivo por el cual no se presentaron.
En la carta pública, los ambientalistas reafirman que su decisión “es una acción de resistencia contra los abusos y arbitrariedad judicial”.
Para la comunidad internacional la decisión de los lideres deja muchas interrogantes, de como se hace justicia en El Salvador. “Es interesante esta decisión de los 5 defensores del agua, en definir cuál, es la confianza que la gente de El Salvador puede tener en el sistema judicial, ha sido valioso poder estar presente y ser testigos de eso”, dijo Sen Cleary quien llego desde Australia para estar presenta en la audiencia.
La comunidad Santa Marta, también respalda la decisión de los ambientalistas. Peter Natarén dijo que “es una decisión muy propia de ellos y que claramente dicen que están resguardando sus vidas, eso es lo que queda en este país, pues está claro que estamos frente a un caso de criminalización”.
Los ambientalistas recuerdan que cuando inicio la persecución advirtieron que la verdadera razón, “eran las intenciones de reactivar la minería metálica” y de hecho se confirmó el 23 de diciembre de 2024, cuando la Asamblea Legislativa oficialista aprobó sin consultar y sin presentar estudios reales la Ley General de Minería Metálica, que derogo la ley de prohibición de minería vigente desde el 2017.
Texto: Edilberto Escobar.
Foto: Referencia
