El Tribunal de Sentencia de San Vicente volvió a reprogramar la entrega por escrito del fallo absolutorio a favor de los ambientalistas de la comunidad de Santa Marta_Cabañas, según un documento divulgado recientemente.
La entrega de las copias íntegras de la sentencia, prevista para el 9 de enero a las 2:00 de la tarde, fue nuevamente suspendida. De acuerdo con la notificación del tribunal, la nueva fecha de entrega ha sido fijada para el 30 de enero del presente año, argumentando que el fallo “se encuentra en revisión”, por lo que no puede ser entregado en el plazo inicialmente establecido.
Para Elvis Natarén, representante de la comunidad de Santa Marta, esta nueva reprogramación forma parte de un proceso dilatorio que, a su juicio, los distintos tribunales han aplicado desde el inicio del caso. Natarén considera que estas acciones impiden que los ambientalistas puedan retomar plenamente su trabajo social y de defensa del medio ambiente, así como vivir en tranquilidad junto a sus familias.
Ante este nuevo retraso, familiares de los ambientalistas manifestaron su preocupación y exigieron transparencia en el proceso judicial, señalando que las constantes reprogramaciones les generan sufrimiento y constituyen, a su criterio, una vulneración al debido proceso. Aseguran que en al menos cuatro ocasiones se ha suspendido el trámite sin recibir explicaciones claras sobre las razones del atraso.
“Los familiares demandan conocer si estas demoras responden a negligencia del personal judicial o a una decisión de mantener retenido el fallo sin una base legal que lo justifique”.
Para analizar si estas reprogramaciones se encuentran dentro del marco legal salvadoreño, Radio Victoria consultó a la abogada penalista Roxana Cardona, quien explicó que, según el Código Procesal Penal, la sentencia debe ser redactada dentro de los días hábiles posteriores al fallo, con la posibilidad de una prórroga de hasta cinco días únicamente por razones excepcionales, como carga laboral, complejidad del caso o descargo de vistas públicas, circunstancias que —según indicó— no serían evidentes en este proceso.
La jurista advirtió que la falta de una resolución escrita mantiene a los imputados en una situación de inseguridad jurídica, ya que la dilatación del proceso impide que su estado legal quede plenamente definido.
Finalmente, no se descarta que los familiares de los ambientalistas emprendan acciones legales en los próximos días contra el Tribunal de Sentencia de San Vicente, ante la acumulación de retrasos, los cuales se producen pese a que el tribunal declaró verbalmente absueltos a los procesados el 24 de septiembre de 2025.