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Por ADES

Han pasado ocho meses de la aprobación de la ley de prohibición de minería Metálica en el país y hasta el momento el Estado no se ha motivado a continuar con su cumplimento.  Si bien es cierto que la ley niega a las empresas mineras explotar el territorio también demanda al Estado acciones de mitigación de daños efectuados por las minas en décadas anteriores, acciones que hasta el momento no se ven.

Por Luis Armando González

En la literatura política está bien explicada la importancia de las elecciones legislativas en un régimen democrático. No se trata aquí, sin embargo, de una discusión teórica, sino de una reflexión que toma en cuenta el contexto actual del país, en el cual no se debe desestimar el peso de la Asamblea Legislativa en la dinámica del Estado. Este peso tiene que ver, por un lado, con el propio quehacer legislativo y sus repecursiones sobre la sociedad. Por otro lado, tiene que ver con las elecciones de segundo grado, entre las cuales destaca la de los magistrados de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente, la Asamblea Legislativa entrante en 2018 deberá elegir a cuatro de los cinco magistrados de esa Sala, cuya incidencia en distintas dinámicas del país, no sólo constitucionales, nadie puede poner en duda.

Esta semana se conoció la renuncia de Gerson Martínez como ministro de Obras Públicas. En un video corto difundido en redes sociales y retomado por los medios televisivos, el ex funcionario destacó su trabajo realizado, anunció que toma unos días de descanso y que volverá “listo para asumir un nuevo desafío”.

Por UCA

La Real Academia Española define “superfluo” como lo “no necesario, lo que está de más, lo inútil”. Cuestión aparte es quién decide qué es innecesario y qué no. Lo que para unos es inútil, para otros puede ser imprescindible. Para el Ejército, dar los nombres de los efectivos que participaron durante la guerra en ciertos operativos puede ser superfluo; para las víctimas y para sus abogados es información crucial. Por eso, determinar qué se entenderá por superfluo no debe realizarse en términos vagos, más aún cuando se aborda un asunto jurídico. Y este es precisamente uno de los señalamientos que, con razón, se le hacen a la Sala de lo Constitucional por su decisión de ampliar los criterios por los cuales las entidades públicas pueden negarse a proporcionar información.


Un grupo significativo de organizaciones progresistas y democráticas pidieron, esta semana, participar en la mesa de diálogo fiscal propuesta por el gobierno con los partidos políticos, en el marco de la discusión sobre el financiamiento del presupuesto estatal para el próximo año.

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